El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva selectividad que el Gobierno propuso desde 2022, pero que se fue aplazando y modificando varias veces. 

El propósito es adaptar las pruebas de acceso a la universidad a la última reforma educativa, conocida como LOMLOE o Ley Celaá. Pretenden  lograr una mayor homogeneización de los exámenes en todo el país, respetando las particularidades de cada comunidad autónoma. 

Se valorará aspectos como la coherencia, la corrección ortográfica y gramatical, y la presentación de las respuestas. 

Además, entre un 20% y un 25% de las preguntas de los exámenes serán prácticas y de respuesta obligatoria.

El borrador actual de la PAU 2025 también señala que habrá menos opciones de elección en los exámenes, por lo que será necesario estudiar la mayor parte del temario en lugar de solo una sección limitada.